Los vehículos áeros no tripulados podrán emplearse en los trabajos de infraestructuras, en la filmación de películas deportivas, en el control o la investigación de la vida salvaje o la búsqueda de bancos de pesca.

Nace una normativa para los drones. El Gobierno ha aprobado este viernes una regulación del uso de estos vehículos aéreos no tripulados para «aprovechar el gran potencial económico» que tiene este sector emergente y que cuenta con un importante planel de empresas españolas que prestan servicios e investigan su utilización para fines comerciales.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta normativa normativa, que afecta al uso de estos robots voladores, va incluida en un real decreto ley aprobado hoy que además crea un nuevo marco aeroportuario, mejora la competitividad en los puertos e incrementa la seguridad ferroviaria. Pastor

Además, ha recordado que, hasta ahora, no existía una normativa específica sobre el uso de drones, por lo que era necesario que España contará con una ley que permita adaptarse a esta nueva tecnología, pero preservando la seguridad de las personas. A partir de ahora se especifican las características que deben tener estos aviones sin piloto, así como la formación que debe tener la persona que los maneja desde tierra y las condiciones en las que se pueden utilizar, informa EFE.

Los drones podrán emplearse en los trabajos de infraestructuras, en la filmación de películas deportivas, en el control o la investigación de la vida salvaje o la búsqueda de bancos de pesca, así como en la lucha contra incendios y salvamento marítimo, ha detallado.

La ministra ha añadido que lo que se hace es dar una utilidad práctica al sector, pero teniendo en cuenta la seguridad en todo el espacio aéreo. Al respecto, ha informado además de que se ha prohibido el uso en las áreas de influencia de los aeropuertos de elementos, objetos, luces (incluidos punteros láser) que puedan poner en peligro la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas. Esto supone que ahora se incluye a cualquier persona cuyas acciones u omisiones pongan en peligro la seguridad aérea, ha precisado la responsable de Fomento.

Fuente: ABC